Cada vez son más los europeos preocupados ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento digno y asequible. Los riesgos derivados de esta situación pueden plasmarse en alojamientos deficientes, presión financiera e inseguridad en materia de vivienda, e incluso puede darse la situación de que algunas personas se queden sin hogar. Una vivienda inasequible puede afectar a la salud y el bienestar de las personas, provocar desigualdad en las condiciones de vida y las oportunidades y traducirse en mayores costes sanitarios, una menor productividad y daños medioambientales.

En una reciente conferencia que el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró en Bruselas se lanzó una clara advertencia: la crisis de la vivienda en Europa se está agravando, lo que provoca una serie de efectos secundarios.

Según un reciente estudio de Eurofound, la crisis de la vivienda afecta especialmente a la juventud, ya que le dificulta salir del hogar familiar. La edad a partir de la cual al menos el 50 % de las personas de la UE viven fuera del domicilio familiar ha pasado de veintiséis años en 2007 a veintiocho en 2019. Entre 2010 y 2019 España, Croacia, Italia, Chipre, Bélgica, Grecia e Irlanda registraron el mayor aumento del número de personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años que siguen viviendo con sus padres.

A lo largo de los años, el CESE ha tratado de llamar la atención sobre los problemas de vivienda en la UE. En 2020 el Comité aprobó el Dictamen «Acceso universal a una vivienda digna, sostenible y asequible a largo plazo», elaborado por sus miembros Raymond Hencks y András Edelényi, y pidió un plan de acción europeo en materia de vivienda.

Con las recomendaciones de esta conferencia el CESE pretende dar un impulso político al debate y garantizar que la crisis de la vivienda de la UE figure en la agenda 2024-2029 del nuevo Parlamento Europeo y de la nueva Comisión. La Unión Europea debe poner en común sus recursos para luchar contra la escasez de viviendas dignas y asequibles. (mp)